Plan de Gestión Social en el sector energético

El Plan de Gestión Social (PGS) tiene una variedad muy amplia de acepciones, usos y fines, por lo que se ha convertido en un concepto vago que da lugar a la laxitud entre quienes lo diseñan, implementan y evalúan. En términos generales, los Planes de Gestión Social deben de plantearse con el fin de minimizar los impactos negativos que se deriven de la implementación de un proyecto y que afecten a poblaciones ubicadas en el área de ejecución de este.

De esta manera, se trata de un instrumento que en esencia busca satisfacer varias necesidades de forma simultánea: los intereses de la comunidad, de los grupos de interés específico y de la empresa desarrolladora. El punto es no solo permanecer dentro de los terrenos de lo estrictamente necesario para cumplir con la normatividad, sino buscar expandir las obligaciones para generar el máximo beneficio posible para todos los interesados.

En México, las Disposiciones Administrativas de Carácter General sobre la Evaluación de Impactos Social en el Sector Energético (DACG), emitidas por la Secretaría de Energía, han incorporado el tema de gestión social como un apéndice de la evaluación de impacto.

El sistema, estrategia o programa que incluye el conjunto de medidas de ampliación de impactos positivos y de medidas de prevención y mitigación de impactos negativos; las acciones y recursos humanos y financieros que implementará el Promovente en materia de comunicación, participación, atención de quejas, inversión social, y otras acciones que permitan promover la sustentabilidad del Proyecto y respetar los derechos humanos (DACG, art. 2, fracción XVI).

Las medidas de prevención, mitigación y ampliación de los impactos sociales.

• El Plan de Comunicación y vinculación con las comunidades.
• El Plan de Inversión Social.
• El Plan de Abandono, cierre o desmantelamiento.
• El Plan de Reasentamiento (cuando se requiera).
• El Plan de Evaluación continúa de los Impactos Sociales, entre otros.

En consecuencia y de acuerdo con lo estipulado, los PGS deberían de ser resultado de la participación de los habitantes y otros actores relevantes de las áreas de influencia del proyecto, lo cual implica una democratización de las decisiones en el sector energético. Sin embargo, en la práctica, estos planes emanan únicamente de los intereses, grado de compromiso y disposición de inversión de los desarrolladores.

Es importante mencionar que estos planes rara vez están disponibles al público: hay un acceso muy limitado para los actores interesados y para la sociedad civil en general. De modo que no es posible saber si están respondiendo a las necesidades comunitarias de forma adecuada, o en qué medida realmente se ejecuta lo que estos planes de gestión anunciaron ante la autoridad.

Como conclusión, se podría decir que una de las razones detrás de la gran problemática que enfrentan hoy los proyectos energéticos detenidos es la falta de planeación, desarrollo y administración de una buena estrategia de Gestión Social. Es justo en ese punto donde las compañías desarrolladoras se topan con la desventaja de no diseñar cuidadosamente los Planes de Gestión Social. Para desarrollar un buen PGS se debe incluir, en primer lugar, un conocimiento profundo, respetuoso y serio de la dinámica social de las comunidades ubicadas dentro del Área de Influencia de los proyectos; en segundo lugar, la visión e intereses de todos los afectados y no únicamente de las autoridades y; en tercer lugar, acciones plausibles que, a mediano y largo plazo, incluyan la participación de la ciudadanía, las autoridades y el promovente. Esta articulación proactiva debe garantizar el seguimiento de los avances, así como los inconvenientes no previstos, y una mayor presencia de la autoridad energética en el cumplimiento de los compromisos asumidos por las partes.

Si te interesa saber más sobre la generación del Plan de Gestión Social, contáctanos y con gusto te atenderemos

Por Ana E. Suárez Zamudio | Escribo también para: Oil & Gas Magazine