Ya contamos con la Evaluación de Impacto Social, ¿y luego?

Esta falta de claridad en el propósito y compromiso real del gobierno por incluir y cuidar a las comunidades en el desarrollo energético hace que se ponga en duda tanto sus intenciones como su capacidad para atender y manejar riesgos sociales asociados al desarrollo y operación de infraestructura.

Los desarrolladores que por lo general tienen poca experiencia formal en el manejo de temáticas sociales más allá de lo contingente, acuden a consultores para obtener la Evaluación de Impacto Social con el visto bueno de SENER. Sin embargo, tener aprobado este requisito no implica que directivos u operadores estén familiarizados con la problemática social o con los compromisos que adquiere la empresa frente a las comunidades en la Evaluación.

En la realidad, hay que dar cuenta de cómo se están implementando las medidas de mitigación, los planes de comunicación o vinculación comunitaria, y con qué resultados para la empresa desarrolladora, para la comunidad, para gobiernos locales e incluso de forma nacional.

En la práctica he notado que los planes propuestos de gestión social pueden ser muy ambiciosos o muy superficiales, pero por lo general no cuentan con los elementos básicos para realizar una aplicación eficiente y monitoreable, y no contemplan planes de contingencia cuando el plan no está saliendo como se espera ya sea en tiempo, resultados, recursos, etc.

SENER acepta Planes de Gestión Social pero es comprensible que en sus facultades no se encuentre asegurar que cada uno de ellos se lleve a cabo como el promovente sugiere. Si no tiene suficiente planeación interna o recursos humanos para hacer frente a los procesos de dictaminación es difícil esperar que de seguimiento cuidadoso y puntual a aplicación del contenido de las evaluaciones. Los promoventes no saben qué sucede o bajo qué parámetros pueden ser sancionados en caso de fallar en la aplicación de los Planes, las comunidades no tienen información sobre la obligación de las empresas de mantener canales activos de comunicación y gestionar inconformidades o temores, etc.

Es preciso que el tema cobre más fuerza para que se defina institucionalmente el por qué, a quién le corresponde y hasta dónde está el compromiso gubernamental con la inclusión de las comunidades como parte de y no únicamente como afectadas del desarrollo. No hacerlo va a traer problemas a comunidades específicas, como hasta hoy ha sucedido, pero en agregado puede convertirse en un elemento que dé razón a quienes piensan que la apertura energética trae consigo mayores afectaciones que beneficios para todo el país, más allá del beneficio potencial que genera a grupos inversionistas.