Política y relaciones comunitarias en el sector energético

Es común que las empresas del sector energético busquen distanciarse o deslindarse por completo de los acontecimientos políticos locales en los territorios en donde operan.

El sector energético sabe que la política puede afectar sus intereses de forma significativa, parece que es una tendencia generalizada el pausar o suspender actividades de vinculación social durante periodos electorales. Con el propósito de no ser vinculados con ciertos candidatos o partidos, las empresas permiten que se abra una brecha importante con las comunidades, la cual puede ser aprovechada para posicionar agendas políticas. En más de una ocasión, la misma relación de la población con la empresa o el giro de la inversión suele convertirse en una propuesta de campaña.

Resulta estratégico y sano que las empresas eviten que los ciudadanos o comunidades los asocien con un partido o plataforma política. Sin embargo, la importancia de comprender y estudiar los movimientos políticos del entorno inmediato de las comunidades es fundamental para cuidar los intereses del negocio y, eventualmente, para poder influir positivamente en el desarrollo de la comunidad.

Se ve necesario que los inversionistas cuenten con una lectura muy cercana y precisa sobre las necesidades sociales que abanderan las distintas alternativas electorales. Un asunto pequeño o inconformidad mal manejada puede escalar a un discurso de campaña. Es decir, la distancia existente entre la población y la actividad industrial puede facilitar que liderazgos locales aprovechen la coyuntura electoral para redimensionar las inconformidades o peticiones de la población.

Para fines de estrategia interna, un profundo mapeo político del entorno local es imprescindible como parte de un manejo temprano de riesgos. Claramente el desarrollo social y económico del entorno es competencia gubernamental y no de las empresas desarrolladoras. Sin embargo, desentenderse de la problemática social en la que están inmersas es mantener un frente abierto.

Independientemente de las acciones de inversión social que la empresa decida implementar (de acuerdo con sus posibilidades, estrategia interna y cumplimiento de regulación), es preciso contar con un panorama social de quiénes son, cómo se benefician o son afectados por las actividades industriales las poblaciones impactadas por el desarrollo energético.

Por otro lado, las empresas deben estar preparadas para tratar con todos los partidos y tipos de funcionarios. Especialmente cuando los equipos de relaciones comunitarias trabajan de forma conjunta con autoridades locales para encaminar los esfuerzos de inversión y responsabilidad social. Estas autoridades tienen el potencial de convertirse en los mejores aliados o los mayores obstáculos para que la estrategia empresarial de vinculación realmente resulte en un beneficio generalizado a la población.

Frecuentemente las empresas, al contar con un área y acciones precisas de Responsabilidad Social Empresarial asumen que su labor social es suficiente y correctamente encaminada, pero omiten contar con la visión de un tercero que valide si estas son las acciones adecuadas según el propósito del negocio. La percepción que la sociedad o la comunidad receptora tiene de la actividad industrial y de su impacto en el entorno frecuentemente dista mucho de la percepción que los desarrolladores tienen de sí mismos. Esta discrepancia puede ser un factor que desate silenciosamente conflictos sociales.

Vemos cada día más que las comunidades, las asociaciones de vecinos, de personas afectadas por la actividad industrial ganan mayor voz y resonancia. Esta organización comunitaria puja por lo general por mejores condiciones medioambientales, pero en el fondo es la petición de ser considerados como parte del desarrollo y no como “carga” para las empresas. Para tener negocios y proyectos sanos, es necesario prestar la atención adecuada y oportuna a las inconformidades o problemática social que enfrentan las comunidades.

Por más de una razón, no es posible continuar con el paradigma que deslinda por completo el beneficio económico de los inversionistas del bienestar social. Aunque las empresas quieran continuar manteniendo la distancia con el entorno político local, no deben desentenderse de lo que está sucediendo pues muy probablemente podría convertirse en una oportunidad de sumar en el fortalecimiento de las comunidades, o convertirse en una semilla de descontento con la actividad industrial en general, y energética en particular.

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Por Ana E. Suárez Zamudio | Escribo también para: Oil & Gas Magazine